La Comisión Europea ha aprobado hoy el Real Decreto de ayudas al carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas.
Sin embargo ha puesto fecha al fin de este sistema: será en 2014. "El régimen expirará a más tardar el 31 de diciembre de 2014; las autoridades españolas podrán ponerle fin antes si ya no resulta necesario a la luz de las condiciones del mercado. Las autoridades españolas se han comprometido en firme a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 2014", asegura la Comisión en un comunicado. Pese a estas noticias los ocho encerrados en Tremor de Arriba (uno más tuvo que abandonar ayer el encierro) continuarán dentro del pozo hasta que cobren los salarios que se adeudan (pese a que sus compañeros en Palencia y Teruel han depuesto la medida) y los acampados en Ponferrada frente a las oficinas del grupo Alonso han abandonado la huelga de hambre aunque pueden ser sustituidos en la acampada por otros compañeros que no mantendrán la decisión de no ingerir alimentos en las próximas horas. Los encerrados en el Ministerio de Industria ya han
abandonado también la huelga de hambre pero no el encierro.
Mientras, la marcha negra ha llegado a León, donde fueron recibidos por unas 12.000 personas. Se produjeron algunos enfrentamientos verbales entre sindicalistas y mineros, al negarse éstos a sumarse a la manifestación contra la reforma laboral. Las dos protestas tomaron caminos separados.
Por su parte el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia Javier Guerra, ha reiterado la intención de su gobierno de "emplear todas las herramientas jurídicas a su alcance" para combatir la decisión de la Comisión Europea., mientras la organización ecologista Greenpeace calificó la medida de "incoherente". Guerra lamentó que el Gobierno no recogiera e ignorara los efectos negativos de la entrada en vigor de esta reglamentación en su propuesta ante la Comisión Europea, y que supondrá el paro de las centrales térmicas de Cerceda y As Pontes, y a reducción de la actividad de los ciclos combinados de Sabón y As Pontes y de los puertos de A Coruña y Ferrol, "poniendo en riesgo mái de 3.000 empleos y con un impacto económico de 1.200 millones de euros".
El conselleiro de Economía e Industria afirmó que "no se puede tolerar ni justificar que la Comisión Europea autorice unas ayudas a todas luces incompatibles con el mercado interior, traspasando los problemas sociales y económicos de unas comunidades a otras".
Javier Guerra denunció que la decisión de la Comisión Europea a instancias del Gobiernol penaliza a Galicia después "de haber cerrado nuestras minas, y de haber llevado adelante inversiones para adaptar y modernizar nuestras térmicas y crear los ciclos combinados de Sabón y As Pontes, y todo para reforzar el sistema eléctrico español y cumplir con el protocolo de Kyoto reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera". La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables. Bruselas ha aclarado que en el período de 2011 a 2014, los volúmenes de electricidad afectados por el real decreto no excederán de 23,4 teravatios hora (TWh) por año, lo que equivale aproximadamente al 9% del consumo nacional, un porcentaje inferior al límite del 15% establecido en la legislación europea. La medida aprobada hoy aún necesita ser aprobada por el Consejo y el Parlamento de la UE. COMUNICADO DE LA COMISIÓN EUROPEA "La Comisión Europea ha autorizado una compensación que España tiene previsto conceder a los productores de electricidad para cubrir los gastos que conlleva el cumplimiento de una obligación de servicio público, concretamente la producción de determinados volúmenes de electricidad a partir de carbón autóctono. La Directiva que regula el funcionamiento del mercado de la electricidad de la UE permite a los Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público, por motivos relacionados con la seguridad del abastecimiento energético, hasta un límite del 15 % del consumo nacional de electricidad. La ayuda estatal se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales para la compensación por servicio público puesto que no dará lugar a una sobrecompensación de los costes soportados por los productores de electricidad al cumplir las obligaciones que se les han impuesto.
La Comisión Europea ha autorizado, en virtud de las normas de la UE relativas a las ayudas estatales, un Real Decreto español destinado a compensar a las empresas eléctricas por el coste adicional que soportan debido a la obligación de servicio público de producir determinados volúmenes de electricidad a partir de carbón producido en España.
España alegó que dicho Real Decreto era una medida transitoria necesaria para garantizar la seguridad del suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue estando mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad y que tiene una elevada cuota de energías renovables (eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente.
El régimen expirará a más tardar el 31 de diciembre de 2014; las autoridades españolas podrán ponerle fin antes si ya no resulta necesario a la luz de las condiciones del mercado. Las autoridades españolas se han comprometido en firme a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 2014.
Las directivas de la UE sobre la liberalización de la electricidad permiten a un Estado miembro imponer a los productores de electricidad unas obligaciones de servicio público consistentes en la producción de electricidad a partir de fuentes de combustión autóctonas hasta un límite del 15 % del consumo nacional por razones de seguridad de suministro (artículo 3, apartado 2, y artículo 11, apartado 4, de la Segunda Directiva del mercado de la electricidad (Directiva 2003/54/CE) y artículo 3, apartado 2, y artículo 15, apartado 4, de la Tercera Directiva del mercado de la electricidad (Directiva 2009/72/CE), que se aplicará a partir de marzo de 2011). La Comisión ha verificado que las condiciones establecidas en dichas disposiciones se reunían en el caso presente.
En el período de 2011 a 2014, los volúmenes de electricidad afectados por el Real Decreto no excederán de 23,4 teravatios hora (TWh) por año, lo que equivale aproximadamente al 9 % del consumo nacional, un porcentaje inferior al límite del 15 % establecido en las directivas. Para lo que queda de 2010, los volúmenes de electricidad no excederán de 9,6 TWh, cantidad que también es inferior al 15 %.
La Comisión ha velado por la coherencia entre esta medida y el Reglamento del carbón —el vigente y el nuevo, propuesto el 20 de julio de 2010 (véase IP/10/984)—, que en determinadas condiciones permite la concesión de ciertos tipos específicos de ayudas estatales al sector del carbón. El Reglamento actual expirará a finales de año, pero, conforme a una propuesta al Consejo de la UE que actualmente se está debatiendo, las ayudas de funcionamiento se irán eliminando de aquí al 1 de octubre de 2014. La Comisión ha obtenido el compromiso de España de que el carbón que pueda ser consumido por las centrales de carbón autóctono con arreglo a las obligaciones de servicio público procederá de minas de carbón sujetas a todas las normas del futuro Reglamento del carbón. Además, las cantidades de carbón afectadas no podrán exceder de los objetivos de producción decreciente ya establecidos en el Plan Nacional del Carbón español.
El marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público permite la concesión de ayudas siempre que no rebasen la diferencia ente los gastos resultantes de prestar el servicio y los beneficios obtenidos a este respecto, teniendo en cuenta un beneficio razonable. En este caso, la compensación a las centrales se limita estrictamente a los costes extraordinarios impuestos por el servicio público. En total se ven afectados por la obligación de servicio público diez centrales de energía."
| La Comisión Europea aprueba el real decreto pero fija el fin de las ayudas en 2014 |  |  |  |
miércoles, 29 de septiembre de 2010
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SI DESCUBRE QUE ESTÁ CABALGANDO UN CABALLO MUERTO:
¡DESMONTE!
- No se le ocurra pensar que con
- Cambiar de jinete.
- Buscar un látigo más fuerte
- Decir "Siempre lo hemos cabalgado así"
- Visitar otras tribus para ver como ellos cabalgan sus caballos muertos.
- Explicar que nuestro caballo es "mejor, más rápido y barato" muerto.
- Modificar los criterios que definen cuando un caballo está muerto, y cuando no.
- Compramos algo que haga que los caballos muertos corran más rápido.
- Matar al mensajero que viene a decirnos que el caballo se murió.
-DEJARA DE CABALGAR UN CABALLO MUERTO
Michael Porter - Profesor de Harvard Cuando no se tiene una estrategia definida, comenta Miguel Costa, del IE, parece que todo vale. Otra cosa es el resultado que se obtiene. "Es como dar palos de ciego o esperar un golpe de suerte", asegura. En su opinión, cuando se carece de un plan, "puede llegar el éxito, por qué no, pero asumimos demasiados riesgos". En ocasiones, explica, no establecer una estrategia equivale a diseñar una errónea, por lo que las consecuencias pueden ser desastrosas para una compañía. Costa utiliza como ejemplo la adquisición de Lycos por parte de Terra Networks. En esa ocasión, Terra pagó, en mayo de 2000, la cifra de 12.500 millones de dólares, más del doble de su valor en bolsa. Finalmente, terminó vendiéndola sólo cuatro años más tarde por 95 millones. "Sólo quienes tomaron esa decisión sabrán si Terra lo hizo con o sin estrategia, en el primer caso, no hay duda de que fue claramente errónea". |
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